El documento explora el rol de la promoción de inversión privada a nivel regional en Perú, señalando la existencia de un marco normativo, como la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Nº 28059), pero una implementación escasa en los niveles subnacionales hasta hace poco. Destaca la Oficina de Promoción de la Inversión Privada Sostenible (OPIPS) de San Martín como un caso relevante, creada en diciembre de 2015 para buscar alternativas de financiamiento y promover inversiones sostenibles tras el compromiso de gran parte del presupuesto regional.
La OPIPS ha logrado desarrollar una cartera de proyectos en tres años, utilizando modalidades como «Obras por Impuestos» y «Alianzas Público Privadas» para productos con demanda global, como el ají tabasco, limón Tahití y maracuyá, adoptando un enfoque de mercado. Sin embargo, enfrenta limitaciones significativas: la falta de una cartera de prioridades clara, inconsistencia en la definición de «inversiones sostenibles», y una débil coordinación con otras unidades del gobierno regional, lo que se agrava por un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que no define claramente su liderazgo. Para su fortalecimiento, el documento recomienda ajustes organizacionales que le otorguen funciones de liderazgo, un marco de política con criterios de sostenibilidad definidos, y un diseño adecuado de instrumentos de vinculación con el sector privado, como las «Public Private People Partnerships (P4)»